Legislación Normativa
Reglamento de la Ley de Obra Pública
Reglamento de la Ley de Adquisiciones
Normatividad Complementaria
- Federal
- Estatal
Decretos Ley de Obra Pública
Decretos Ley de Adquisiciones
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación 28/06/2011
Lineamientos Generales para la expedición de políticas, bases y lineamientos.
Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación.
Criterio emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas para el uso de medios electrónicos en la ejecución de actos públicos y reuniones institucionales en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, prestación de servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas
Manual para la utilización del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos en CompraNet.
Acuerdo para la formalización de instrumentos jurídicos en CompraNet
Bases de Contratación
Obra Pública Con Fondos Estatales
**** DOCUMENTOS EN REVISIÓN *****
Adquisiciones con Fondos Estatales
Obra Pública con Fondos Federales
Adquisiciones con Fondos Federales
Expedientes Unitarios
97.001.01 Registro básico documental expedientes de Obra Pública
97.004.01 R.B.D.
97.005.01 R.B.D.
Guía de Auditorías
Disposiciones Administrativas
94.010.09 Directorio de Proveedores y Contratistas Suspendidos
Disposición administrativa para que las dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Estatal y Municipal que ejecuten obra pública apliquen los mismos criterios para evaluar la solvencia de los contratistas.